La Prisión Preventiva en México

La prisión preventiva en México es uno de los problemas con mas arraigo del actual sistema de justicia penal que impera en el país, es necesario reformar el uso excesivo de dicha actividad y enfocarse mas a nuevas consideraciones y alternativas para la administración de la justicia.

A nivel nacional se estima que cada año 82 mil personas se encuentran privadas de su libertad sin tener una sentencia de por medio y que cada año 40 mil individuos que han sido restringidos de su derecho primordial son dejados en libertad luego de haber sido objeto de los tramites legales correspondientes a cada uno de sus casos.

El debate al respecto de la prisión preventiva es que se indica como una medida de seguridad predelictual que se basa en las sospechas que se tienen de un individuo sobre la posible realización de un delito cualquiera y también sobre la peligrosidad que tiene el mismo sospechoso para la sociedad misma.

A nivel nacional las modificaciones a los sistemas de justicia penal, indican que existen elementos desde la prevención del delito, la investigación y el procesamiento que deben modificarse por completo, pues es necesario que las necesidades que tiene la población sean satisfechas paso a paso.

En estos momentos, comenta Carlos Natarén Nandayapa quien se desempeña como Director General de coordinación inter institucional de la secretaria técnica del Consejo de coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, se tiene un problema de impunidad y serios problemas en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. El especialista en la materia, indica que en México se hace un uso excesivo de la prisión preventiva, pues se tiene la costumbre de que durante el proceso penal los señalados o presuntos culpables queden encerrados, provocando con esto violaciones a los derechos humanos.

“Tenemos que asumir que la cárcel en este país no esta resolviendo problemas, ahora bien, el tema es que se debe de proponer el uso racional de la prisión preventiva, pero no se puede debe de dejar de utilizar la prisión preventiva, ósea el punto de esta reforma –hablando del Nuevo Sistema de Justicia Penal- es no caer en el típico péndulo, de repente de no tenias nada respeto a los derechos humano, lo que se debe de hacer es usar razonablemente en los casos que se justifique la prision preventiva” expresa.

Aclara que el tema de fondo es quién es el delincuente, ya no se trata de una simple acusación, sino de saber quien es el presunto delincuente. En caso de que el presunto sea un ciudadano ejemplar o bien alguien que tenga un arraigo social, es decir un hombre de familia, con trabajo y forma honesta de vivir, merece tener una consideración especial, ya que no es posible juzgarlo como si se tratara de un delincuente de carrera.

En la prisión preventiva que se requiere aplicar es necesario tener en cuenta que información se tiene del presunto culpable, para así tener un equilibrio correcto en la administración de la justicia.

La prisión preventiva debe ser una restricción única para las personas que verdaderamente sean consideradas un peligro para la comunidad y no para quienes solamente han cometido un error y están en la disposición de resarcir el daño que han realizado. El Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC, señala en algunos de sus textos que existen claros mitos de la prisión preventiva en México, entre los cuales están:

La prisión preventiva reduce la incidencia delictiva
Disminuye la inseguridad ciudadana
Se usa contra sujetos peligrosos
Garantiza la reparación del daño

En términos más concretos el Nuevo Sistema de Justicia Penal que se aplica a nivel nacional en varias entidades de la República debe asegurar que la prisión preventiva, en primer lugar permita un mayor respeto a los derechos humanos y en segundo que proteja los intereses de la sociedad.

El miembro del consejo Implementador de la Reforma Penal en México, explica que el proceso que en estos momentos se vive en el país va ha generar una dinámica distinta en la comunidad pues se quiere juzgar de cara a la sociedad, es decir, cerca de la sociedad y además plantear un proceso penal que no tenga como objeto y única finalidad una sentencia.

“Lo que se debe pensar un proceso penal es buscar resolver un conflicto social y esa resolución de conflicto social no necesariamente es a través de la sentencia por que no necesariamente las condenas resuelven el problema; por ejemplo en el típico caso de una persona que incumple en los deberes alimentarios que no pasa la pensión si tu metes esa persona a la cárcel no arreglas ningún problema” ahonda Natarén Nandayapa.

El servidor público federal, concluye al señalar que la transición por la que en estos momentos pasa el Sistema de Justicia Penal debe reformar varios conceptos de fondo, para que así los gobernados sientan que la democracia esta presente en todos los aspectos de la administración pública.